El Gobierno irlandés insiste ahora en que es un delito punible por la ley que un sacerdote celebre una misa pública, a pesar de que durante meses se ha asegurado que no hay ninguna sanción.
Esta postura parece contradecir la declaración realizada en octubre por el ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, en la que desestimaba la preocupación por la criminalización de los sacerdotes y los asistentes a Misa en virtud de la normativa Covid-19.
The Irish Catholic entiende que, como parte de la respuesta al recurso de Declan Ganley ante el Tribunal Superior contra la prohibición del culto público, el Gobierno ha confirmado que las restricciones son penales.
El Gobierno insiste en que es un delito que un sacerdote salga de su casa para celebrar una Misa pública, a menos que se trate de un funeral o una boda.
El Estado también añade que es un delito similar que un feligrés salga de su casa para asistir a la misa.
Este periódico entiende que el Gobierno se mantiene firme en que es ilegal y que, por tanto, se aplican sanciones.
El Sr. Ganley confirmó a The Irish Catholic el domingo que el Estado había respondido. Sin embargo, insistió en que no estaba en condiciones de compartir el contenido de la carta.
«El Estado fue muy rápido en su respuesta y estoy muy agradecido por ello. Aunque no puedo compartir los detalles en este momento hasta que volvamos al Tribunal [el 13 de abril], la posición no ha cambiado y el Estado ha reiterado que es ilegal [celebrar o asistir a una misa pública], un delito y está sujeto a sanciones», dijo el Sr. Ganley.
Durante un debate en el Dáil el 22 de octubre, el diputado independiente Michael McNamara insistió en que, según la legislación, «los sacerdotes estarán cometiendo un delito si abren las puertas de sus iglesias para celebrar misa».
«¿Va el Gobierno a enviar a los gardaí (ndr:policía nacional irlandesa) tras los sacerdotes que decidan celebrar Misa? Si el Gobierno está pensando en eso, tengo una palabra que decir: 'No lo hagas'», dijo el diputado de Clare.
En respuesta, el Ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, dijo que el gobierno está siguiendo el consejo del Equipo Nacional de Emergencias de Salud Pública (NPHET) sobre los lugares de culto. Desestimó los comentarios del Sr. McNamara sobre las sanciones diciendo: «Los servicios religiosos no son penales en el sentido de que no hay ninguna sanción asociada a ellos».
Un portavoz del Ministerio de Sanidad declaró a The Irish Catholic en noviembre que «celebrar un servicio religioso no es un delito penal».
El último acontecimiento se produce cuando los gardaí montaron controles de carretera en la zona rural de Co. Cavan el domingo para impedir que los feligreses asistieran a Misa.
El Irish Times informa de que se levantaron controles cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en Mullahoran, mientras el párroco, el padre PJ Hughes, celebraba la misa. El fin de semana pasado, el periódico reveló que el P. Hughes había sido multado con 500 euros por celebrar la Misa.
Según un informe publicado en el sitio web de The Irish Times, la misa de las 10 de la mañana se retrasó durante unos 20 minutos y muchos lugareños fueron detenidos en los tres puestos de control de la Garda instalados en las carreteras de acceso a la iglesia, que se encuentra en una zona rural de la parroquia.
El padre Hughes dijo que estaba furioso tras recibir una llamada de un lugareño al que se le impidió llegar a la iglesia:
«Los guardias me abordaron y me acusaron de propagar el virus. Un guardia me dijo que estaba poniendo en peligro la vida de las personas mayores. Es triste que tres coches de la Garda den vueltas alrededor de esta iglesia. ¿No tienen otra cosa que hacer? Que Dios nos ayude. Esto es sectarismo. Esto va en contra de nuestra fe. Es un acto sectario contra nuestra Iglesia católica alentado por el Gobierno, que ya no cree en Dios»
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