Organizaciones y activistas pro-aborto a nivel nacional e internacional, incluyendo a la llamada Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir (organización que no tiene ningún vínculo con la Iglesia católica) se pronunciaron a favor de la legalización del aborto en Veracruz e hicieron un llamado para que se evite la intervención de las Iglesias en los asuntos que, según ellas, solo competen al Estado.
Mediante comunicados, decenas de asociaciones señalaron que Veracruz sería la cuarta entidad del país que permita el aborto legal con una iniciativa “moderada”.
Argumentaron que resulta "moderada" al poner como límite a este derecho las 12 semanas de gestación; justa porque permite que todas las mujeres, independientemente de su condición económica y lugar geográfico, tengan acceso a abortar.
Al citar cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), las organizaciones y activistas dieron constancia de la violencia sexual que padecen miles de mujeres veracruzanas, señalando que durante el año 2020 en Veracruz se denunciaron 22 abortos y se cometieron 2 mil 734 delitos sexuales, de los cuales 408 fueron violaciones sexuales. “En el periodo de enero a mayo del 2021 se denunciaron 1,393 delitos sexuales, de los cuales 226 son violaciones sexuales”
Respecto a la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, decretada por la CONAVIM en diciembre de 2017, afirmaron que visibilizó la gravedad de las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violencia sexual, obligándolas a tener embarazos forzados poniendo en riesgo su vida e integridad, cuando es deber del estado garantizar y respetar su decisión.
“Con la iniciativa, Veracruz atendería también la recomendación emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) el cual recomendó a México “eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias”. Cabe recordar que la iniciativa busca reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y derogar el artículo 152 del Código Penal.
En otro comunicado, la organización que usa un membrete "católico", la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir junto con decenas de organizaciones nacionales e internacionales, además de dar su respaldo para que la Iglesia Católica no intervenga e hicieron un llamado a la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas a no oponerse a lo que ellas llamas "avance de los derechos humanos".
"Es necesario conducirse bajo una ética pública laica que garantice la separación entre el Estado y las iglesias, que permita el cumplimiento de las normas, vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley y asegure la imparcialidad de la función pública”, afirmaron.
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